No sin mi arma

"Siendo necesaria una milicia bien ordenada para la seguridad de un Estado libre, no se violará el derecho del pueblo a poseer y portar armas". Segunda Enmienda de la Constitución de EEUU, adoptada en diciembre de 1791

“From my cold, dead hands!” Traducción libre: ¡Me arrancarán [el rifle] de mis frías manos muertas! Charlton Heston, blandiendo un rifle en el aire, durante el discurso inaugural de la convención anual de la Asociación Nacional del Rifle (NRA) en 2000.

La electrizante Bowling for Columbine, del francotirador Michael Moore, arrancaba su argumentada denuncia de la cultura de las armas y el miedo imperante en Estados Unidos con un ejemplo atronador. Tras abrir una cuenta en un banco, el inquieto Moore recibía a cambio un rifle del tamaño de los que portaba John Wayne, en sus cabalgadas en pos de los salvajes indios. Unos cuantos años después, se podría decir que el Tribunal Supremo de Estados Unidos acaba de abrir cuenta nómina, ahorro y vivienda en el citado banco. Los prestigiosos magistrados han debido de pensar que es mucho más práctico y eficiente un rifle para controlar a las visitas al hogar inesperadas que un juego de tazas de porcelana para invitarles a compartir un café.

Los sabios de larga toga del tribunal de tribunales emitieron a finales de junio el que quizá sea su veredicto más importante desde que, este mismo año, declarasen ilegal la situación de los presos en Guantánamo. El máximo órgano judicial del país abordó el caso de una ley estatal, –la de la capital de la nación, Washington D. C,– que prohibía la tenencia de armas de fuego. El fallo de la Gran Corte, por una exigua mayoría de 5-4, declaró que la normativa de la ciudad, en vigor desde hace 32 años, violaba la Constitución. El tribunal apoyaba así la idea de que la Segunda Enmienda de la Carta Magna protege el derecho de un individuo a portar armas como defensa propia preventiva, y no es un derecho que esté ligado únicamente a una milicia estatal.

Desde 1976, la ley del Distrito de Columbia –una entidad administrativa independiente de cualquier estado– prohibía la posesión de revólveres y exigía que los rifles y escopetas en manos privadas estuviesen descargados o tuviesen un mecanismo para desactivar el gatillo. Este segundo término también ha sido declarado inconstitucional por la corte máxima. Es la primera vez en 200 años que el Tribunal Supremo se pronuncia decisivamente sobre la interpretación de la Segunda Enmienda, redactada por los “padres constituyentes" en plena Guerra de Independencia contra Gran Bretaña. Hasta ahora, las cortes estatales habían considerado que esta Segunda Enmienda sólo otorgaba ese derecho de tener armas a las milicias, léase la Guardia Nacional, una especie de Guardia Civil gringa, pero sin tricornio. Pero la decisión del Supremo en el caso Heller contra el Distrito de Columbia amplía esta interpretación y ampara el derecho individual de los ciudadanos, basándose en el derecho consuetudinario y el contexto histórico previo y posterior a la redacción de la enmienda, allá por el año 1791.

La mentalidad del 'cowboy'

Pese a la incuestionable necesidad de reglamentar el acceso a las armas de fuego cortas, usadas en casi dos tercios de los robos y agresiones, y en mas de la mitad de los 15.000 asesinatos anuales en Estados Unidos, según estadísticas del FBI, los jueces conservadores del cada vez más conservador Tribunal Supremo hicieron piña para acabar con la normativa. El presidente de la corte, John Roberts, nombrado por nuestro preferido muñeco de pin, pan, pum, George Ineptus Maximus Bush, aseguró que "no veía razonable mantener una prohibición total de la tenencia de armas en manos privadas", la misma opinión de su compañero ideológico Antonin Scalia. La tercera pata del núcleo con olor a pólvora del tribunal, el juez Samuel Alito, considerado del ala dura del tribunal y también propuesto por Bush, añadió que las exigencias sobre el manejo de rifles y escopetas en Washington D.C. hacían "muy difícil que esas armas pudiesen ser utilizadas en defensa propia".

En el banco de los opuestos a levantar las restricciones a la armas, el juez Stephen Breyer citó estadísticas que señalan que entre 80.000 y 100.000 personas en Estados Unidos mueren o resultan lesionadas cada año como consecuencia del uso de armas de fuego. Agregó que, en el caso de la capital de EEUU, la cifra de muertos oscila entre 200 y 300, y el número de heridos ronda entre 1.500 y 2.000. El diario británico The Times también aportaba interesantes datos al respecto, recurriendo a estadísticas de 2005. Durante ese año, en Inglaterra y Gales –ambos países con severísimas leyes de control de armas- sólo hubo 50 muertes relacionadas con crímenes a mano armada, mientras que en el mismo periodo de tiempo en EEUU los fallecidos alcanzaron los 12.352. Sorprendentemente, al bueno del juez Breyer parece apoyarle la opinión pública. Según una reciente encuesta del diario The Washington Post, el 59 por ciento de los estadounidenses defiende la prohibición de armas, y el porcentaje sube al 76 por ciento en el caso de los residentes de Washington D. C.

Como no podía ser de otra forma, la administración Bush se ha apresurado a decir que "comparte profundamente la decisión del Tribunal Supremo". John McCain, el candidato republicano a la Casa Blanca, también ha alabado el veredicto. Nada nuevo bajo el sol en ambos. Lo que si resulta muy decepcionante es la posición del supuesto "hombre del cambio", Barack Obama. En su incansable camino hacia el centro, Obama también ha apoyado la decisión de la corte: "Siempre he creído que la Segunda Enmienda protege el derecho de los ciudadanos a portar armas. Esta decisión refuerza que si actuamos con responsabilidad podemos proteger tanto nuestros derechos constitucionales como mantener seguras a nuestras comunidades y niños“. Populismo de todo a cien del candidato demócrata, acobardado en los últimos meses en sus declaraciones para no enfadar ni antagonizar a los votantes de las ciudades rurales del país, devotos seguidores del evangelismo sectario y los rifles.

Se abre la veda para la NRA

"Este es un gran momento de la historia americana", clamó al cielo tras conocer el veredicto Wayne LaPierre, vicepresidente de la Asociación Nacional del Rifle (NRA). “La decisión reivindica a los americanos a lo largo y ancho del país que siempre han sabido que merece la pena proteger su libertad. Considero este fallo el principio de un proceso gradual para proporcionar respiro a otros americanos sometidos a leyes restrictivas". De lo que habla la poderosísima NRA, el lobby con más influencia del país gracias a sus más de cuatro millones de socios, es de una contrarrevolución en toda regla a través de demandas judiciales, a mayor gloria de los vendedores de armas. Porque gracias al veredicto del Supremo, los trámites burocráticos, cargas impositivas y restricciones a la tenencia de armas, en vigor en la actualidad en muchos estados, van a ser minimizados al extremo.

En un país donde se calcula que unos 70 millones de personas poseen un arsenal combinado de unas 250 millones de armas –récord absoluto en los estados llamados desarrollados–, el impacto de la decisión de la Gran Corte en las diversas leyes estatales será crítico. De hecho, la NRA ya está empezando a mover sus alfiles armados. Prepara una demanda en Nueva York –donde hay que esperar una media de seis meses y realizar un par de visitas a la comisaría policial para adquirir un arma- y ya ha formalizado pleitos en San Francisco -¡contra la ley que prohíbe las pistolas en las casas de protección oficial!-, Chicago y otras ciudades, argumentando que las normativas de estas ciudades perjudican el derecho de la gente a la defensa propia ante el crimen.

La letanía que repiten los adalides de las pistolas es que su tenencia generalizada entre la sociedad ayuda a disminuir los asesinatos por crimen. Los think tanks conservadores dicen que, en los estados con leyes más restrictivas al respecto, el crimen no ha disminuido, sino que ha aumentado. Son similares párrafos a los que utilizan los mismos perros pero con diferentes collares para defender el mantenimiento de la pena de muerte. En ambos casos, las estadísticas se empeñan en demostrar lo contrario.

Recurriendo a Wikipedia, unos 10.000 asesinatos se cometen al año en Estados Unidos con armas de fuego. Y, de acuerdo a la revista mensual American Journal of Public Health, de las 233.251 víctimas de homicidio entre 1988 a 1997, el 68% fue asesinado por armas, la mayoría de ellas pistolas. Más recientemente, en 2002, de las 1.202 mujeres asesinadas por la violencia de género –sí, esta barbarie no es patrimonio de España–, 700 fueron matadas por sus compañeros usando armas. Respecto a otro grupo también cercano al peligro, el de los niños, grupos que promueven la prohibición de las armas afirman que unos 9 críos mueren al día en EEUU a causa de errores de otros al descargar sus armas. La abrumadora fuerza de los datos y las investigaciones ha llevado a la citada asociación Public Health ha concluir que las posibilidades de que alguien se suicide o de que se cometa un homicidio son mayores en los hogares donde las armas de fuego están presentes. Blanco y en botella, leche.

Por último, tomando como ejemplo otros dos países anglosajones que comparten sistema judicial basado en el derecho consuetudinario, la teoría del "cargo un arma ergo el crimen se reduce" también hace aguas por todos los lados. Tanto en Gran Bretaña –prohibición de la tenencia privada desde 1997- como en Australia –con un descenso del 50% en las muertes relacionadas con armas desde que en 1997 se declarase ilegal poseerlas en casa– son buena muestra de ello. Sin coartada pragmática ni mediana defensa intelectual, los sesudos magistrados del Tribunal Supremo deberían comenzar a atacar la proliferación de armas en manos privadas, pero parece que en sus señorías pesa más el amor a la cultura de la pólvora que el sentido común.