Homicidio de estado

Hace unos días pudimos ver a la ministra de justicia Japonesa ejerciendo de guía y anfitriona para un grupo de periodistas locales. El lugar, un centro penitenciario en la ciudad de Tokio. El motivo, mostrar por primera vez una de la 7 cámaras de la muerte que existen en el estado japonés (Sapporo, Sendai, Tokio, Nagoya, Osaka, Hiroshima y Fukuoka). Y se llaman de la muerte por que allí se acaba con la vida de personas. Un estado del mundo desarrollado, de cultura milenaria, que mata a sus condenados mediante la horca en el más absoluto de los secretismos. El 28 de julio de 2010, Japón ahorco a dos asesinos múltiples, primera ejecución bajo el nuevo Gobierno del Partido Democrático (PD). Quien firmo estas sentencias fue la ministra de justicia Keiko Chiba, que antes de su nombramiento formaba parte de la liga parlamentaria contra la pena de muerte. Fue la primera ministra de Justicia que asistía a una ejecución, "porque es mi deber revisar el proceso, al ser yo la persona que lo ordena". Tras las ejecuciones, afirmo que crearía un comité sobre la aplicación de la pena de muerte en Japón, donde más del 80% de la población respalda el máximo castigo. "Siento la necesidad de que haya un debate serio sobre la pena de muerte", ha apuntado la ministra, que rechazo hablar de sus convicciones personales sobre el tema.

Debido a que están en espera de ejecución, los condenados a muerte no están clasificados como prisioneros por el sistema judicial nipón. Los reclusos carecen de muchos de los derechos reconocidos a otros prisioneros japoneses. Se les prohíbe la comunicación con sus semejantes durante años. Cuando una orden de muerte se ha emitido, el condenado es informado en la mañana de su ejecución. La familia del preso y los representantes legales no son informados hasta después de la muerte. La mayoría de los condenados sube a la horca sin que las familias ni sus abogados lo sepan. La falta de un aviso por adelantado de las ejecuciones ha sido declarado por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas como incompatible con los artículos 2, 7, 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La aplicación de la pena de muerte en Japón es arbitraria y cruel. Una muestra es que hasta diciembre de 2007 el Ministerio de Justicia ni siquiera divulgaba los nombres de los ajusticiados. Actualmente hay en Japón más de 100 personas condenadas a muerte, entre ellas, algunas sufren enfermedades mentales.

En el siguiente video vemos a Kumamoto Norimichi que en 1968 fue uno de los tres jueces del Tribunal del Distrito de Shizuoka que condenó a Iwao Hakamad a la horca, a pesar de que Kumamoto se mostró en desacuerdo con sus colegas. Kumamoto renunció a su puesto poco después y dice sentirse muy culpable desde entonces de haber tenido que condenar a un inocente.


Países desarrollados como Japón, Corea del Sur o los Estados Unidos aun condenan a sus asesinos a la muerte. Muchos dirán que mas mata China. Por supuesto, China es la máxima ejecutora de la pena capital en el planeta. Pero es que China no es una democracia, no podemos decir que son malos malísimos y a la par esperar que su sistema jurídico sea ejemplar. Los gobiernos autoritarios, las dictaduras, encuentran en la pena de muerte un método de represión, una herramienta de opresión política. Pero, ¿Qué sentido tiene en sistemas democráticos?

Según Amnistía internacional, en 2009 fueron ejecutadas 714 personas en 18 países, sin contar las miles de ejecuciones que probablemente tuvieron lugar en China, país que se niega a dar a conocer cifras sobre su uso de la pena capital.

Tengo la seguridad de vivir en un mundo cínico. Si sacáramos a debate la aplicación de la pena capital en Japón o Estados Unidos y luego pasáramos a hablar de China o de Irán, las opiniones no serian equiparables, justificando en muchos casos a los primeros. Creo que el peligro precisamente reside en ese cinismo. A mi me parece igual de condenable y repudiable, pero mas hipócrita en el caso de los estados demócratas, que lejos de dar ejemplo, se escudan en la ley del Talión y respaldan la satisfacción de una parte de la sociedad, que siendo arcaica y visceral, ve en la venganza la solución, una venganza que por su carácter recesivo no puede nunca estar en la base del ordenamiento jurídico.

La pena capital se utiliza con el convencimiento de que actúa como elemento disuasorio de delitos violentos. No hay estudios científicos que hayan logrado demostrar de forma convincente esta idea. Los delincuentes violentos no se plantean que el riesgo de ser ejecutados no es aceptable, mientras que una pena de prisión prolongada sí lo es. Por ejemplo, en Estados Unidos, la media de asesinatos en estados en los que existe la pena de muerte es mayor que en estados libres de la pena capital. La mejor forma de disuadir de la comisión de delitos violentos es garantizar una elevada probabilidad de captura y condena del perpetrador, no castigos más duros. La muerte del asesino poco ayuda a mitigar a largo plazo el dolor emocional de los familiares y sólo inflige un sufrimiento similar a la familia del ajusticiado. Las ejecuciones dan a la sociedad una falsa ilusión de control sobre la amenaza que suponen los delitos graves para la seguridad pública. Además, siempre que se aplica, existe un elevado riesgo de ejecutar a una persona que no es culpable del delito por el cual la han condenado. Desde 1973 más de 113 presos estadounidenses condenados a la pena capital escaparon a la muerte porque surgieron pruebas que demostraron que eran inocentes de los delitos por los que habían sido condenados.

Más de dos tercios de los países del mundo han abolido ya la pena de muerte en la ley o en la práctica. Si bien en 2009 aún es legal matar a un ser humano en 58 países. La pena capital es la negación más extrema de los derechos humanos. Es un homicidio premeditado y a sangre fría a manos del Estado.

Mapa de la abolición de la pena de muerte

Matar es matar. Abolición de la pena de muerte ¡Ya!